Cada día, nuestra vida depende de una infraestructura digital que, aunque invisible, es el esqueleto que sostiene la economía, la salud y los servicios básicos. Para proteger este sistema, Chile ha establecido nuevas reglas del juego con la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley N° 21.663). Esta normativa introduce un concepto que lo cambia todo: los «Operadores de Importancia Vital» (OIV). Si crees que esto solo aplica a las grandes eléctricas o bancos, prepárate para una sorpresa. A continuación, te revelamos cuatro claves de esta nueva realidad que probablemente no conocías.
1. La definición de «vital» es mucho más amplia de lo que imaginas.
Cuando pensamos en servicios esenciales, es obvio incluir a la banca, las telecomunicaciones o la generación eléctrica. Sin embargo, la nueva ley chilena va mucho más allá, demostrando una comprensión profunda de cómo funciona realmente el ecosistema digital moderno.
La normativa identifica siete categorías de actividades esenciales, pero la más reveladora es la «Categoría 5»: «Instituciones que realizan actividades de infraestructura digital, servicios digitales y servicios de tecnología de la información gestionados por terceros». Esto significa que no solo importa quien presta el servicio final, sino toda la cadena de suministro tecnológico que lo hace posible. Un ejemplo sorprendente es la inclusión de «TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE SPA» en la nómina preliminar, lo que confirma que los proveedores de tecnología son tan cruciales como los servicios que esta habilita.
2. El foco no es evitar ataques, sino sobrevivirlos.
Tradicionalmente, la «ciberseguridad» se ha enfocado en levantar murallas para prevenir ataques. La nueva ley, en cambio, pone el acento en la «resiliencia digital», un concepto mucho más pragmático. El especialista Andrés Rojas la define textualmente como «la capacidad de mantener la continuidad de los servicios esenciales incluso frente a incidentes cibernéticos». El objetivo ya no es la invulnerabilidad, sino la supervivencia operativa.
El impacto de este enfoque se entiende mejor con una idea simple pero poderosa:
Si un OIV falla, el impacto se siente directamente en el usuario.
En la práctica, si operadores como REDBANC o TRANSBANK no son resilientes, la economía se detiene. Si un centro como el COMPLEJO ASISTENCIAL DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ sufre un incidente, la disponibilidad de datos médicos está en riesgo. La ley busca asegurar que, incluso bajo ataque, los servicios que definen nuestro día a día sigan funcionando.
3. El gobierno también está en la lista.
Una de las señales más claras de la seriedad de esta ley es que no hace distinciones entre el sector público y el privado. Las obligaciones son para todos los que sean considerados vitales. De hecho, la primera categoría de la nómina preliminar de OIVs aprobada por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) corresponde a los «Órganos de la Administración del Estado».
Pero el dato más impactante es un ejercicio de autoexigencia sin precedentes: la propia «AGENCIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD» está incluida en su propia lista como un Operador de Importancia Vital. Este nivel de responsabilidad demuestra que la ley no es solo una regulación para terceros, sino un compromiso que el propio Estado asume como pilar de la seguridad nacional.
4. Este proceso es oficial y ya está en marcha.
Este marco regulatorio no es una propuesta a futuro; es una realidad legal y administrativa que avanza a paso firme. Para tener una idea clara de su estado actual, aquí están los hitos clave:
- La Ley N° 21.663 fue publicada oficialmente el 8 de abril de 2024.
- El cronograma ya está definido: el primer procedimiento para calificar a los OIVs tiene como fecha de inicio el 30 de mayo de 2025, según lo establecido en la Resolución exenta N° 24.
- Posteriormente, la ANCI ya aprobó la nómina preliminar de OIVs mediante la Resolución exenta N° 50.
Esto significa que las empresas y organismos listados ya están siendo notificados y el proceso avanza. La calificación de OIVs ha dejado de ser una conversación teórica para convertirse en una realidad inminente que está redibujando las responsabilidades dentro del ecosistema digital de Chile.
Conclusión: Un Nuevo Paradigma para la Seguridad Nacional
La calificación de Operadores de Importancia Vital representa un cambio fundamental en la forma en que Chile protege su infraestructura crítica. Ya no se trata solo de los sospechosos de siempre; como hemos visto, la definición de «vital» ahora incluye a toda la cadena de suministro digital. El foco ha cambiado de la prevención a la supervivencia, el gobierno se impone a sí mismo las mismas reglas, y el proceso ya tiene un cronograma en marcha. La resiliencia ha dejado de ser una buena práctica para convertirse en el nuevo estándar de seguridad nacional.
Ahora que la resiliencia digital es un imperativo nacional, ¿está tu organización realmente preparada para el desafío?
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